11 junio 2025
El
Govern admite que el protocolo contra los abusos en el caso de la red de
pederastia tardó más de un año en activarse
La
consejera de Derechos Sociales explica que la transformación del sistema
incluirá un canal para luchar contra los abusos digitales
El
caso de la red de pederastia que captó a una menor protegida por la Dirección
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de
Cataluña todavía tiene derivadas políticas. Este miércoles la consejera de
Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha comparecido en el Parlament —a
petición propia— para explicar las primeras conclusiones de lo que salió mal en
la protección de esta menor, de la que la DGAIA tenía la guarda pero no la
tutela, y que vivió en un centro durante un año en el que la menor ya estaba
captada por la red. Martínez ha admitido que uno de los errores cruciales fue
que el protocolo contra los abusos se activó más de un año después de que el
sistema tuviese las primeras sospechas de que pasaba algo. El caso ocurrió
entre 2020 y 2023, y por lo tanto antes de que el Govern actual entrase en la
Generalitat el verano pasado. En la transformación del sistema se ha
emprendido, la consejera ha explicado que se creará una comisión mixta con los
Mossos y la nueva dirección general de atención a la infancia para tener un
canal específico contra los abusos por redes sociales.
La
consejera de Derechos Sociales decidió hace dos semanas afrontar una
refundación completa de la DGAIA —cambiándole el nombre a Dirección General de
Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y quitándole
algunas funciones, aunque manteniendo su dirección y estructura— tras estallar
el escándalo por la red de pederastia. Aunque no era el único problema que
arrastraba la dirección general desde hacía años: por un lado, había una
investigación de la Oficina Antifraude sobre una posible malversación de fondos
en ayudas a jóvenes extutelados, y por otro la Sindicatura de Cuentas había
detectado irregularidades en la contratación de servicios por parte de la
DGAIA. Este mismo miércoles, la Sindicatura de Cuentas ha publicado otro informe
que concluye que en el departamento de Derechos Sociales existen deficiencias
en la gestión de todas las prestaciones sociales, incluidas las que gestionaba
la DGAIA a través de entidades sin ánimo de lucro externas.
En
el caso de la menor protegida por la DGAIA, el departamento abrió un expediente
para investigar qué falló en el sistema de protección para que esta menor
estuviese captada en una red de pederastia cuando estaba bajo la guarda de la
dirección general. “El protocolo de abusos no se activó hasta más de un año
después de la primera sospecha”, ha afirmado Martínez. La consejera ha
explicado que una de las primeras “disfunciones” encontradas fue que “el
sistema fue lento” pese a la “buena diligencia y coordinación”, tanto de los
educadores como del sistema educativo y de salud. Fueron precisamente los
educadores los que avisaron de que había una situación sospechosa.
La
titular del departamento también ha explicado que otro error fue no derivar a
la menor a un servicio especializado en abusos, y que su expediente de
desamparo no llegó a resolverse y completarse nunca. En la nueva dirección
general, ha explicado Martínez, se incluirá un canal específico contra los
abusos a través de redes sociales. Además, como la DGAIA no tenía la tutela de
la joven (esta siempre permaneció en la familia), los educadores no tuvieron
acceso a toda la información de los Mossos cuando estos ya investigaban la
trama de pederastia. “La DGAIA no tuvo información sobre la magnitud de la
trama de pederastia hasta el momento en que ha aparecido en los medios de
comunicación”, ha apuntado.
“Estamos
aquí para actuar con la máxima transparencia. El Govern no se esconde, da la
cara”, ha añadido la consellera, quien ha dicho que “se verá” si más allá de
mejorar el sistema, de las conclusiones del expediente informativo sobre la
actuación de la DGAIA en el caso “se derivan responsabilidades concretas”. Con
todo, la consellera ha defendido el trabajo de los educadores que “se dejan la
piel” en la protección de los menores, como es buen ejemplo que los
profesionales fueran los que detectaran y actuasen ante el caso “con las
herramientas que tenían”.
Opinión:
Para empezar, decir que espero no molestar a nadie si
opino sobre esta noticia y la extrapolo a una situación que es más común de lo
que algunos puedan pensar.
No me sorprende lo más mínimo leer las declaraciones de la
titular del departamento. Por ello es importante diseccionarlas con detalle y
mas cuando aparecen palabras técnicas que son prioritarias ante cualquier
situación de riesgo. La palabra clave es “protocolo”.
Dice que “el protocolo de abusos no se activó hasta más de
un año después de la primera sospecha”… y pregunto ¿para qué sirve un protocolo
si no se activa al instante? ¿Cómo puede activarse un protocolo nueve meses
después? Si alguien presenta una sospecha ante una situación concreta ¿no se intenta
investigar desde el minuto uno?
Habla de las “disfunciones” y de que “el sistema fue
lento”. Y pregunto ¿sabían que habían “disfunciones” y esperaron nueve meses?
¿cómo puede ser TAN lento como para tardar nueve meses?
Y sigue diciendo que las cosas sucedieron pese a la “buena
diligencia y coordinación”. Sinceramente ¿se creen que el ciudadano medio es
imbécil? Pues sí, se lo creen… porque decir que hubo “buena diligencia y
coordinación” parece presentar una burla al entendimiento.
Y ahora, dicho todo lo anterior, recordemos que la palabra
principal es “protocolo”. Y los protocolos están preparados, en la inmensa mayoría
de casos, con el objetivo de economizar riesgos y ser prevenidos.
Por ello, hablando de protocolos ¿qué tal está el
protocolo de asistencia post-atentado terrorista que desde UAVAT presentamos en
diciembre de 2023 a la Generalitat de Catalunya? ¿Alguna respuesta desde la
administración en estos 10 meses que ya han transcurrido? Si desgraciadamente volvemos a vivir un atentado
terrorista ¿el papa de un niño de tres años asesinado tendrá que volver a las
02:00 de la madrugada de ese mismo día a su casa conduciendo sin que nadie haya
pensado en acompañarle? ¿Tendrá que volver, otra vez solo a las 07:00 de la
mañana a la Clínica Médico Forense para la autopsia de su hijo de tres años?
¿Hay que hacerle una autopsia a un niño de tres años? ¿Tendrá que abonar una suculenta
comisión de 30.000 euros una huérfana a un abogado por tramitarle un papel
porque la administración no le ha informado de sus derechos como víctima del
terrorismo? ¿otra víctima habrá que pasar una nueva revisión forense justo ayer
miércoles, casi ocho años después del atentado porque nadie tiene claro lo que
debe hacerse? ¿otra víctima tendrá que esperar a mayo 2025 para que la
administración competente le confirme que su nombre y apellidos están en la
sentencia de mayo de 2021?
Lo dejo aquí.
Pero la palabra “protocolo” es vital para hacer medianamente
bien las cosas. Y quien no lo sepa hacer, a la calle. Cese o dimisión inmediata
y, obviamente, que procedan a la devolución de todo el dinero “malgastado” porque
es dinero público.
Algo más. En diciembre de 2010 se cerró la oficina que,
diez meses antes, se había abierto para atender a las víctimas del terrorismo
porque los “recortes presupuestarios” debían aplicarse sin excusas.
Seis años después por lo visto, esos “recortes
presupuestarios” ya eran cosa del pasado y en los siguientes ocho años se han “perdido”
167 millones de euros. Lo peor de todo es que ese mismo periodo (a partir de
2017 con los atentados de agosto) no se ha conseguido ni una ley autonómica de
atención a víctimas del terrorismo, ni la reapertura de la oficina ni el
protocolo de atención y asistencia post-atentado… ¿porque no habían recursos?
Ahora sí lo dejo aquí.
